China AML/CTF supervisores
La Asamblea Popular Nacional (APN), máximo órgano del poder estatal en China, representa el poder legislativo en el intrincado sistema jurídico de ese país. La APN elige a todos los funcionarios ejecutivos, judiciales, supervisores y fiscales de la nación.
La estructura de la UIF establecida en el Banco Popular de China está formada por el Centro de Vigilancia y Análisis de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales de China (CAMLMAC), la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLB) y las 36 divisiones provinciales del Banco Popular de China. Esta estructura refleja un enfoque descentralizado con un alto potencial para producir inteligencia financiera que apoye las necesidades operativas de las autoridades competentes.
¿Cómo se cumple la normativa AML/CTF en China?
Las Directrices de Control Interno fueron publicadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China (CBRC), exigiendo a los bancos que definan claramente las funciones de control interno, desarrollen sus programas, presten más apoyo y realicen revisiones y supervisiones continuas.
Para controlar, notificar y evaluar eficazmente las transacciones sospechosas, así como para actualizar las políticas y procedimientos de rendición de cuentas y seguimiento, las directrices exigen que las instituciones financieras refuercen sus tres niveles de defensa, a saber, la gestión empresarial, el riesgo y el cumplimiento, y la auditoría y supervisión.
Aunque el marco jurídico y normativo chino de lucha contra el blanqueo de capitales mejora constantemente, sigue habiendo deficiencias en cuanto a la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos y al mantenimiento de la transparencia, especialmente en el contexto de la cooperación internacional, entre otras cosas:
Establecer directrices internas para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables.
Cumplimiento de las normas de aplicación de AML/CTF a nivel mundial y local, departamentos y unidades de cumplimiento y lucha contra la delincuencia financiera mediante la formación continua para maximizar el rendimiento humano.
Transmitir información a las autoridades e instituciones judiciales competentes para contribuir a la planificación de la aplicación de la ley y el enjuiciamiento penal.
Solicitar información sobre transacciones que supuestamente forman parte de operaciones de blanqueo de capitales.